Análisis de género y poblaciones vulnerables en el acceso a servicios públicos en zonas seleccionadas

El estudio se basa en la revisión exhaustiva de fuentes secundarias y estadísticas. Los hallazgos revelan situaciones de desigualdad en la cobertura y el acceso a servicios públicos de salud, educación, agua potable, electricidad e internet de la población en general y de las poblaciones indígenas en particular. Las principales barreras se encuentran en la micro corrupción, la discriminación, las barreras físicas y la baja calidad de los servicios públicos. La información disponible muestra una baja presencia de mujeres en el presupuesto participativo y en participación política. En el Congreso de la República, las mujeres alcanzaron un 38 por ciento de escaños para el periodo 2021-2026, pero a nivel de gobiernos regionales y municipalidades, el porcentaje de candidatas fue menor. Las principales razones de la baja participación política de las mujeres es la discriminación, dificultades para postular y el acoso político. A pesar de la cuota del 15% de candidaturas para personas de las comunidades nativas y pueblos originarios en elecciones de concejos regionales y municipales el 2018, apenas alcanzaron el 1.7 por ciento. La participación política de personas LGTBIQ+ se ve limitada por la discriminación y la violencia y entre el 2006 y 2022 solo fueron elegidas 2 de 54 personas de estos grupos. En el 2022, el 57 por ciento de la población peruana identifica la corrupción como uno de los principales problemas del país. Existen diferencias en la forma en que distintos grupos de ciudadanos experimentan o perciben la corrupción: la sextorsión para las mujeres, y la violencia, discriminación y exclusión estructurales para poblaciones LGBTIQ+, indígenas y las personas y viviendo con discapacidad. La ejecución del presupuesto público para inversiones en el 2022 varía entre los gobiernos regionales analizados debido al desconocimiento de los procesos de ejecución presupuestal, barreras burocráticas, corrupción, entre otros. The purpose of this gender analysis is to identify how vulnerable populations may be disproportionately affected by government accountability, inefficiencies, and corruption in Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Loreto, Cusco, and Cajamarca regions. The analysis is based on review of secondary sources and statistics. The findings indicate inequality in coverage and access to health, education, drinking water, electricity, and internet services for the population in general and indigenous populations. The main barriers are petty corruption, discrimination, physical barriers, and the low quality of public services. Information shows low participation by women in political and participatory budget processes. Nationally, women comprise 38 percent of the 2021-2026 Congress, but at the regional and municipal level, the rate is lower. The main reasons for low political participation are discrimination, difficulties to apply, and political harassment. Despite a 15 percent quota for candidates to come from indigenous populations in regional and municipal council elections, they only comprised 1.7 percent of candidates in 2018. The political participation of LGTBIQ+ people is limited by discrimination and violence; between 2006 and 2022 only 2 of 54 LGBTIQ+ candidates were elected. In 2022, 57 percent of the Peruvian population identified corruption as one of the country"s main problems. There is variation in the way different groups experience and perceive corruption: sextortion for women, and structural violence, discrimination, and exclusion for LGBTIQ+ populations, indigenous populations, and people living with disabilities. The execution of the public investment budget in 2022 varied by regional government due to lack of knowledge regarding budget execution processes, bureaucratic barriers, and corruption, among other factors.