Indicadores de riesgo de violación a los derechos humanos de personas y comunidades reclamantes de tierra

En este contexto, se ha identificado una situación de riesgo especial para las personas y comunidades participantes en procesos de restitución de tierras contemplados en la Ley 1448 de 2011. Esta ley, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, busca reparar a las víctimas del conflicto armado y restituirles sus tierras. La Corte Constitucional ha exigido al gobierno nacional crear un sistema de prevención del desplazamiento que supere el carácter coyuntural de los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo. En respuesta a esta necesidad, la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violación de Derechos Humanos pretende implementar una serie de indicadores y categorías de análisis que contribuyan a alertar sobre la situación de riesgo de personas y comunidades reclamantes de tierra. La restitución de tierras en el marco del conflicto armado interno requiere condiciones de seguridad en las diferentes regiones focalizadas. Sin embargo, numerosos territorios han experimentado un aumento en las amenazas y homicidios contra líderes y reclamantes, así como intimidaciones sobre comunidades que manifiestan el deseo de retornar a sus tierras. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo considera que la población de personas víctimas, líderes y organizaciones de la sociedad civil que participan en los procesos de restitución están en situación especial de riesgo de sufrir violación de sus derechos humanos. La Ley 1448 asigna la necesidad de generar información en municipios y zonas donde se adelanten procesos de restitución. La información del Sistema de Alertas Tempranas busca ser fuente primaria para el diseño y formulación de las políticas de prevención de violación de los derechos humanos de la población participante en los procesos de restitución de tierras. El Sistema de Alertas Tempranas ha diseñado una batería de indicadores que permiten dar cuenta del nivel y el alcance de la situación de riesgo de personas y comunidades reclamantes de tierra. Estos indicadores se enfocan en la presencia y conducta de actores armados ilegales en el territorio, las conductas vulneratorias de los derechos humanos contra personas y comunidades reclamantes de tierras, la existencia de actores económicos, políticos o sociales beneficiarios del despojo de tierras, y el análisis cualitativo del escenario regional de riesgo para personas y comunidades reclamantes de tierras. La Defensoría del Pueblo considera que la población de personas víctimas, líderes y organizaciones de la sociedad civil que participan en los procesos de restitución están en situación especial de riesgo de sufrir violación de sus derechos humanos. Por lo tanto, es fundamental implementar una serie de indicadores y categorías de análisis que contribuyan a alertar sobre la situación de riesgo de personas y comunidades reclamantes de tierra. La implementación de estos indicadores y categorías de análisis permitirá a la Defensoría del Pueblo y a las entidades estatales vinculadas al riesgo de violación de derechos humanos tomar medidas preventivas y de protección para las personas y comunidades reclamantes de tierra. De esta manera, se podrá reducir el riesgo de violación de derechos humanos y garantizar la efectiva reparación de las víctimas del conflicto armado.