Proceso Penal en Bolivia: Medidas Cautelares y Salidas Alternativas

Para lograr esto, se establecen conductas que van en contra de la ley y que causan daño a la sociedad, y se determina la sanción que recibe quien las comete. El Código Penal establece qué conductas son delitos y cuál es la sanción por cometerlos, mientras que el Nuevo Código de Procedimiento Penal (NCPP) establece el procedimiento para perseguir un delito e imponer la sanción. El proceso penal puede comenzar por una denuncia, una querella o la intervención policial preventiva. Tras la denuncia de un delito, el Fiscal, conjuntamente con la Policía, debe investigar el hecho, determinar si ha sido un delito, quiénes han participado en el mismo y qué pruebas existen en contra de los imputados. El Fiscal debe decidir si abrirá un juicio oral o aplicará una salida alternativa como solución al conflicto. La víctima tiene derecho a contar con el Fiscal como su abogado gratuito y a que este le brinde información sobre la investigación que se está llevando a cabo. La persona acusada de haber cometido el delito (el imputado) tiene derecho a defenderse y debe conocer de qué se lo acusa, qué pruebas existen y contar con un abogado defensor, particular o público. El plazo máximo para que la Fiscalía y la Policía realicen la investigación es de seis meses. Durante este tiempo, el imputado debe permanecer en libertad, ya que se presume su inocencia. Sin embargo, si el imputado intenta fugarse o obstaculizar la investigación, las autoridades judiciales pueden aplicar medidas cautelares para permitir que el Fiscal realice su trabajo de investigación sin riesgos de perder pruebas o de que el imputado se fugue. Las medidas cautelares pueden ser personales o reales. Las personales se aplican sobre la persona del imputado y pueden incluir la detención preventiva, el arresto domiciliario, el arraigo, la prohibición de concurrir a determinados lugares o comunicarse con determinadas personas, etc. Las reales se aplican sobre los bienes del imputado, como el embargo. El Fiscal debe establecer si existen elementos que indiquen que el imputado intentará fugarse o realizar acciones que obstaculicen la averiguación de la verdad. Con esas pruebas, puede solicitar la medida cautelar ante el Juez de Instrucción. El Juez atendiendo los argumentos del Fiscal o el querelante y valorando los elementos probatorios ofrecidos por las partes, resolverá la improcedencia de la solicitud, la aplicación de la medida o medidas solicitadas, la aplicación de una medida o medidas menos graves que la solicitada, o la aplicación de una medida o medidas más graves que la solicitada. Las salidas alternativas son formas rápidas de resolver el proceso penal, sin necesidad de un juicio oral. Estas pueden incluir la suspensión condicional de la pena, la reparación del daño, la prestación de servicios a la comunidad, la asistencia a un programa de tratamiento, etc. El Fiscal debe decidir si una salida alternativa es adecuada para el caso y si el imputado está dispuesto a aceptarla.