Protocolo de Atención de Violencias Basadas en Género

La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide que las mujeres disfruten de sus derechos y libertades en igualdad con los hombres. Las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de prevenir, promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres, y para ello es necesario aplicar una perspectiva de género en la atención de los casos. La violencia contra las mujeres es un problema que se ha ido en aumento a pesar de los avances normativos a nivel nacional e internacional. La violencia contra las mujeres responde a patrones culturales, pero sus efectos pueden ser mitigados cuando los Estados cumplen con sus obligaciones adquiridas en tratados y convenciones internacionales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. La Constitución de Colombia prohíbe la discriminación por razones de género y promueve la igualdad material. Sin embargo, persisten las discriminaciones contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTI en los diferentes espacios de la sociedad. Es necesario aunar esfuerzos en pro de la garantía y restablecimiento de los derechos de estas personas. El Protocolo de Atención de Violencias Basadas en Género es un instrumento que busca fortalecer la respuesta judicial en relación con las violencias basadas en género para aumentar el acceso a servicios judiciales más efectivos, inclusivos y con capacidad de respuesta en los conflictos de género y familia. El protocolo establece criterios y principios orientadores y de interpretación para la atención de los casos de violencia basada en género. El protocolo define la violencia basada en género como una forma de discriminación que impide que las mujeres disfruten de sus derechos y libertades en igualdad con los hombres. También define la violencia contra la mujer, el daño psicológico, el riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona, el daño o sufrimiento sexual, el daño patrimonial y económico, el feminicidio, la violencia institucional y los derechos de las mujeres. El protocolo establece que la violencia contra las mujeres y las niñas puede ocurrir en cualquier lugar, incluyendo en el hogar, en la comunidad y en la sociedad en general. También establece que la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y que requiere una respuesta integral y estructural. El protocolo establece que las instituciones del Estado deben velar por la prevención, promoción y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Para ello es necesario que en su trabajo apliquen una perspectiva de género en la atención de los casos, partiendo de las reglas constitucionales que prohíben la discriminación por razones de género, promoviendo la igualdad material, protegiendo a las personas en situación de debilidad manifiesta y aportando a eliminar la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. El protocolo establece que los logros para atender, investigar y judicializar la violencia contra las mujeres han sido muy importantes, pero es necesario tener en cuenta que persisten las discriminaciones contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTI en los diferentes espacios de la sociedad. Es necesario aunar esfuerzos en pro de la garantía y restablecimiento de los derechos de estas personas. El protocolo establece que los esfuerzos en pro de la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, en este caso, desde las instituciones del Estado que hacen parte de la ruta de atención de violencias basadas en género y en especial de la violencia contra las mujeres y las niñas, son evidentes, pero no han sido suficientes. Por tanto, se debe ahondar en la construcción de marcos interpretativos que ofrezcan a los y las responsables de prevenir, atender, investigar y judicializar la violencia contra las mujeres, visiones más amplias y estructurales del problema, que les permitan ofrecer soluciones integrales y que aporten, desde su función, a la erradicación de patrones culturales discriminatorios y violentos. El protocolo establece que la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema que requiere una respuesta integral y estructural. Es necesario que las instituciones del Estado apliquen una perspectiva de género en la atención de los casos, partiendo de las reglas constitucionales que proh