Revisión del Marco Legal para la Gestión de las Finanzas Públicas

El objetivo principal de esta actividad fue analizar y evaluar las leyes y códigos relacionados con la probidad y ética, la transparencia y acceso a la información pública, el servicio civil, la ley de contratación del estado y la ley orgánica del tribunal superior de cuentas. El análisis de las leyes y códigos relacionados con la probidad y ética reveló que la Ley de Servicio Civil (LSC) y la Ley de Contratación del Estado (LCE) necesitan ser revisadas y actualizadas para reflejar los estándares internacionales de probidad y ética. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) también requiere ser revisada para mejorar la transparencia y acceso a la información pública. La evolución del marco legal sobre probidad y ética en Honduras ha sido gradual, con la implementación de la Ley de Servicio Civil en 2008 y la Ley de Contratación del Estado en 2010. Sin embargo, aún existen brechas y sugerencias identificadas para mejorar la implementación y aplicación de estas leyes. El análisis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Honduras reveló que la ley ha sido implementada de manera parcial y que existen brechas en la aplicación de la ley. La Ley de Servicio Civil también requiere ser revisada para mejorar la selección y contratación de funcionarios públicos. La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su reglamento (LOTSC) también requiere ser revisada para mejorar la función de control y fiscalización de la gestión pública. La Ley de Contratación del Estado y su reglamento (RLCE) también requieren ser revisados para mejorar la transparencia y acceso a la información pública en la contratación del estado. En resumen, la actividad de la USAID para la Transparencia Fiscal en Honduras identificó brechas y sugerencias para mejorar la implementación y aplicación de las leyes y códigos relacionados con la probidad y ética, la transparencia y acceso a la información pública, el servicio civil, la ley de contratación del estado y la ley orgánica del tribunal superior de cuentas.