Seguridad Ciudadana en Contextos de Migración Masiva: Banco de buenas prácticas de política pública para la atención, prevención y mitigación de los efectos de la migración venezolana sobre la seguridad ciudadana y convivencia en Colombia

La crisis migratoria venezolana ha generado una ola migratoria internacional sin precedentes en la historia reciente de Colombia, con más de 5 millones de venezolanos que han abandonado su país en búsqueda de mejores oportunidades. Según estimaciones de la Organización Internacional para la Migración (OIM), cuatro de cada diez venezolanos que dejaron su país lo hicieron rumbo a Colombia. A 31 de marzo de 2020, había 1.809.872 venezolanos en Colombia, de los cuales 784.234 son migrantes regulares y cerca de 1.025.638 se encuentran de manera irregular. La llegada masiva de la población migrante en estado de alta vulnerabilidad ha generado nuevas vulnerabilidades derivadas de su estatus migratorio, incrementando la probabilidad de ser víctimas de grupos criminales, de participar de manera directa en actividades delictivas, entre otros fenómenos que van en detrimento de la seguridad y convivencia de los lugares receptores. El Gobierno Nacional y las instituciones territoriales no estaban preparados para la llegada masiva de la población migrante, pero se logró desplegar una contundente respuesta de política pública con el objetivo de suplir los vacíos institucionales existentes en materia migratoria. En poco tiempo, los Gobiernos de orden local y nacional desarrollaron estrategias para garantizar la atención humanitaria de corto plazo, la integración social y la incorporación productiva con el fin de reducir los potenciales efectos en temas como seguridad ciudadana y convivencia entre ciudadanos receptores y migrantes. Cada uno de estas acciones buscó crear ambientes integradores que permitan prevenir riesgos y aprovechar oportunidades de las nuevas poblaciones en los sitios receptores. A nivel nacional, una de las primeras respuestas de política pública fue el artículo 140 de la Ley 1873 de 2017, que dispone que el Gobierno Nacional deberá diseñar una política integral de atención humanitaria, asignando los recursos a través de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres. No obstante, la magnitud del fenómeno migratorio superó las capacidades y el marco legislativo existente, convirtiéndose en un reto para instituciones territoriales que no contaban con la capacidad suficiente para proveer atención completa a esta población en términos de salud, educación, vivienda, saneamiento básico e inserción laboral. El CONPES 3950 de 2018 configuró el marco de política pública donde se trazaron los lineamientos para la atención de la población migrante y las estrategias para reducir o mitigar los potenciales efectos en la sociedad, entre ellos, los efectos en la seguridad ciudadana y convivencia. Para la atención en fronteras, en 2019 se lanza el Plan de Impacto con la frontera con Venezuela, creado por la Vicepresidencia de la República, que propone medidas para el fomento de la inversión, la competitividad y nuevos empleos, así como para la atención humanitaria y salubridad, para el fortalecimiento institucional que sirven como estrategias transversales y particulares al territorio fronterizo para mitigar los efectos generados por la crisis migratoria. En los territorios con mayor recepción de población migrantes se desarrollaron estrategias de adaptación para atender la crisis migratoria y sus potenciales efectos sobre la seguridad ciudadana y convivencia. En algunos casos, los gobiernos adaptaron políticas y programas existentes para atender la nueva población con respecto a atención humanitaria e integración social. En otros, se apoyaron de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), o se vieron en la obligación de crear nuevas capacidades institucionales y programas para atender los requerimientos de la población migrante venezolana. El presente documento busca brindar una sistematización de las buenas prácticas de los arreglos y respuestas institucionales a nivel territorial para atender la crisis migratoria venezolana. En especial, aquellas acciones orientadas para la atención, prevención y mitigación de los posibles efectos de la migración sobre la seguridad ciudadana y convivencia. Para esto, se estudian cuatro casos que resumen las