Final Report: Victims Participation and Collective Reparation Program

En un contexto de conflicto, en el que gran parte de la población víctima ha vivido el desplazamiento forzado, la Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucional mediante la Sentencia T-025 de 2004, considerando los pocos avances del Estado para responder ante la magnitud e impactos en las víctimas de esta grave violación de derechos humanos. Posteriormente, la Ley 1448 de 2011, ley de víctimas, definió la política pública para garantizar los derechos de las víctimas, pero esta se ha implementado con muchas dificultades sin que haya logrado aún las metas establecidas. En 2016, el Gobierno de Colombia firmó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que estableció nuevos mecanismos y creó una nueva institucionalidad a través del Sistema Integral para la Paz (SIP). El objetivo de este marco es garantizar los derechos de las víctimas del conflicto. El Programa de Participación y Reparación Colectiva de las Víctimas (Programa) inició sus actividades en 2014 con dos objetivos principales: promover la participación de la sociedad civil en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y incidir en la formulación de políticas públicas que contribuyan a garantizar los derechos de las víctimas en el marco de los procesos de paz y reconciliación. Los objetivos específicos del Programa variaron en función de las transformaciones políticas y sociales del país en esta última década. El Programa se centró en fortalecer las capacidades organizacionales y operativas de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, apoyar las iniciativas de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, promover la participación efectiva en procesos de reparación colectiva, territorializar la ley de víctimas, el acuerdo de paz y las políticas relacionadas, fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones de víctimas y incidir en los procesos de producción legal y/o de jurisprudencia para implementar el acuerdo de paz. El Programa se implementó en 21 municipios afectados por el conflicto armado, pero sus estrategias de incidencia jurídica abarcaron todo el país. El Programa trabajó en colaboración con la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, la Mesa Nacional de Actores Étnicos y la Mesa Nacional de Mujeres. El Programa también trabajó en colaboración con la Corporación Opción Legal y Management Sciences for Development Consulting (MSD). El Programa se centró en fortalecer las capacidades de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, apoyar las iniciativas de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, promover la participación efectiva en procesos de reparación colectiva y fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones de víctimas. El Programa también se centró en promover mecanismos de prevención y protección para garantizar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de los líderes y lideresas sociales y las personas defensoras de derechos humanos, víctimas y comunidades. El Programa también se centró en fortalecer y acompañar a organizaciones y mesas de víctimas, pueblos étnicos, procesos organizativos de mujeres y personas LGBTIQ+, sujetos de reparación colectiva y organizaciones de la sociedad civil para que participaran e incidieran en la implementación en los ámbitos nacional y territorial del acuerdo final de paz. El Programa se centró en fortalecer las capacidades de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, apoyar las iniciativas de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil y promover la participación efectiva en procesos de reparación colectiva.