Lideresas Sociales en Colombia: el relato invisible de la crueldad

El informe destaca la situación de violencia contra las lideresas sociales en Colombia, particularmente en el contexto de la negociación del conflicto entre las FARC-EP y el Gobierno. En 2018, se registraron 378 agresiones contra líderes y lideresas sociales, lo que representa un aumento del 51% con respecto al año anterior. De estos, 145 fueron asesinados, lo que equivale a un 38% del total de agresiones. Las Juntas de Acción Comunal fueron las más afectadas, con un 71% de los homicidios, seguidas de las autoridades y representantes de comunidades étnicas, con un 17% de los homicidios. El informe destaca que las agresiones contra las lideresas sociales son sistemáticas y se concentran en determinadas regiones y subregiones del territorio nacional. Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, señaló que hay un patrón de ataque contra los defensores y defensoras, y que la sistematicidad de los crímenes se percibe desde lógicas territoriales. A pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio del Interior ha negado la sistematicidad de los crímenes, atribuyéndolos a factores indiscutiblemente ligados a grupos armados ilegales. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación ha admitido que existen patrones sistemáticos en estos crímenes, pero ha negado la participación de agentes de Estado en los mismos. El informe presenta varios casos en los que las agresiones contra líderes son perpetradas abiertamente por agentes de Estado, como las Judicializaciones Arbitrarias y los casos de homicidios perpetrados por la Fuerza Pública. Además, existen casos sin esclarecer que requieren una investigación más a fondo. En resumen, el informe Lideresas Sociales en Colombia: el relato invisible de la crueldad destaca la situación de violencia contra las lideresas sociales en Colombia, particularmente en el contexto de la negociación del conflicto entre las FARC-EP y el Gobierno. El informe destaca la sistematicidad de los crímenes y la concentración de las agresiones en determinadas regiones y subregiones del territorio nacional.