Proceso de retorno de las comunidades indígenas Wounaan Chachajo, Chamapuro y Unión Agua Clara

Habitan específicamente en las orillas del río San Juan, así como en otras fuentes hídricas como el río Atrato, Baudó y algunos ríos secundarios. La región se caracteriza por la abundancia de recursos naturales, biodiversidad y multiculturalidad, lo que la ha convertido en una zona estratégica para las actividades de actores armados legales e ilegales. La continua presencia de grupos armados ilegales en la región está relacionada con su privilegiada situación geográfica, que la configura como un corredor propicio para el transporte de armas, tráfico de estupefacientes y otras rentas ilícitas. En este sentido, uno de los ríos con mayor importancia de la zona es el San Juan, que se une al río Calima en el Valle del Cauca y permite la conexión de los municipios de Buenaventura y Calima con el Litoral del San Juan (Chocó). Los corredores fluviales son múltiples y facilitan la movilidad de los grupos armados irregulares. El Estado colombiano ha implementado obras de infraestructura y ha fomentado la explotación de los recursos naturales mediante prácticas extractivas de minería, hidrocarburos y recursos forestales. Sin embargo, lejos de mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan la ribera del San Juan, la implementación de dichos proyectos ha contribuido en el aumento de la violencia y el desplazamiento forzado, al tiempo que ha generado un daño ecológico irreparable. El desplazamiento forzado se ha convertido en un fenómeno constante para los indígenas Wounaan, ya que 19 de las 34 comunidades, es decir un 55.8% de estas, se han visto obligadas a dejar sus territorios por motivo del conflicto armado. En esta medida sobresalen los numerosos traslados de la población Wounaan hacia otros países (Panamá) y varias ciudades del país (Cali, Buenaventura, Bogotá, Quibdó, entre otros). La Corte Constitucional dictó el Auto 004 de 2009 sobre población indígena desplazada o en riesgo de desplazamiento. En este sentido, la Corte reconoció que el conflicto armado afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas en materia de vulneración de los derechos fundamentales individuales y colectivos, situación que los pone en un grave riesgo de exterminio físico y cultural. La Corte identificó una serie de factores que propician lo que se cierne sobre los pueblos indígenas del país, y que según el contexto geográfico, socioeconómico y cultural del cual se trate, se entrelazan de manera distinta sobre cada comunidad en particular. El impacto de dichos factores ha tenido como consecuencia la violación de los derechos: territoriales, a la participación y a la autonomía, a la identidad cultural, al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones culturales, y a la seguridad y soberanía alimentaria, lo que ha generado desplazamientos forzados y confinamiento. Por estos motivos, mediante este Auto, la Corte Constitucional ordenó diseñar e implementar políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como la implementación de medidas para prevenir y mitigar los efectos del desplazamiento forzado. El proceso de retorno de las comunidades indígenas Wounaan Chachajo, Unión Agua Clara y Chamapuro, ubicadas en el río San Juan en el Distrito de Buenaventura, ha sido un tema de preocupación en la región. A pesar de los esfuerzos del Estado colombiano por implementar políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, el desplazamiento forzado sigue siendo un fenómeno constante en la región. La falta de estabilización socioeconómica con el retorno ha sido un problema persistente en la región. Las comun