Síntesis Ejecutiva del Estudio de Línea de Base de la Aplicación del Código Procesal Penal a los Casos de Corrupción

El estudio de línea base del sub sistema de justicia anticorrupción en nueve distritos judiciales, elaborado por la Universidad ESAN, identificó las principales fortalezas y debilidades del Poder Judicial y el Ministerio Público en la aplicación del Código Procesal Penal en casos de corrupción. El estudio encontró que el Código Procesal Penal ha entrado en vigencia para todos los delitos en los distritos judiciales de Ancash, Santa, Huánuco y Pasco a partir del 1° de junio de 2012, Loreto y Ucayali a partir del 1° de octubre de 2012, reduciéndose a 8 distritos judiciales que aplican el Código Procesal Penal sólo para los delitos cometidos por funcionarios públicos. El cronograma de implementación del Código Procesal Penal en los distritos judiciales meta del Proyecto Pro-Integridad es el siguiente: - Lima: 15 de enero de 2011, para los delitos de corrupción de funcionarios. - Callao, Lima Norte y Lima Sur: 1° de abril de 2011, para los delitos de corrupción de funcionarios. - Loreto y Ucayali: 1° de octubre de 2012, para todos los delitos. - Amazonas y San Martín: 1° de abril de 2010, para todos los delitos. - Madre de Dios: 1° de abril de 2010, para todos los delitos. El estudio también encontró que el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen debilidades en la aplicación del Código Procesal Penal en casos de corrupción, como la falta de coordinación entre las instituciones y la falta de recursos humanos y financieros. Sin embargo, también se identificaron fortalezas, como la voluntad política de implementar el Código Procesal Penal y la existencia de un marco legal claro para la aplicación del Código. En base a estos hallazgos, el Proyecto Pro-Integridad propone acciones de fortalecimiento para mejorar la aplicación del Código Procesal Penal en casos de corrupción, como la capacitación de los funcionarios judiciales y policiales, la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de los casos, y la creación de un fondo de recursos para apoyar la implementación del Código Procesal Penal. El estudio también identificó la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación del Código Procesal Penal. Se propone la creación de un sistema de información para monitorear la aplicación del Código Procesal Penal y la creación de un comité de seguimiento para supervisar la implementación del Código. En resumen, el estudio de línea base del sub sistema de justicia anticorrupción en nueve distritos judiciales identificó las principales fortalezas y debilidades del Poder Judicial y el Ministerio Público en la aplicación del Código Procesal Penal en casos de corrupción, y propone acciones de fortalecimiento para mejorar la aplicación del Código Procesal Penal.