Criminalidad Electoral Elecciones de Autoridades Locales 2015: Problemas, Innovaciones y Resultados

Las lecciones que han brindado los últimos procesos electorales celebrados en Colombia, nos han dejado como enseñanza que la compra y venta de votos, las amenazas y presiones, las alteraciones a los censos electorales de los municipios, entre otras conductas delictivas, lamentablemente se han convertido en la forma como varios actores han decidido hacer política en el país, vulnerando la voluntad de los votantes y perpetuando estructuras de corrupción y violencia en los ámbitos local y nacional. La aparente permisividad por parte de un amplio sector de los actores políticos, el desgobierno e inclusive la indiferencia y falta de apropiación de la ciudadanía por lo que estaba ocurriendo en su entorno, se constituyó en el escenario perfecto para que estas prácticas criminales fueran perpetuándose en el tiempo, ocasionando así que poco a poco el sistema electoral entrara en una aparente falta de legitimidad. Escándalos como la parapolítica, los desfalcos a los municipios y departamentos, la crisis en la gobernabilidad de las regiones, entre otros hechos, son problemas que en buena parte de sus manifestaciones han tenido su origen en la misma elección de los representantes y autoridades, y los cuestionables nexos de estos con miembros o integrantes de las distintas estructuras criminales que tienen presencia en el país. Como resultado del estudio de los distintos fenómenos de criminalidad electoral, se han identificado como las principales dificultades en la investigación y juzgamiento de estas conductas delictivas, las siguientes problemáticas: el desconocimiento del delito, la familiaridad con las prácticas de criminalidad, el miedo a la denuncia y la falta de conocimiento respecto al procedimiento de denuncia. El desconocimiento del delito se refiere a que en ocasiones la comisión del delito electoral no viene acompañado del elemento de dolo en su ejecución, sino que por el contrario, la materialización de esta conducta obedece a una práctica reiterada y de tanto arraigo por parte de quienes la llevan a cabo, que puede ser considerada como costumbre. La familiaridad con las prácticas de criminalidad se refiere a que las conductas tipificadas como delitos electorales, si bien son entendidas como punibles por un amplio sector de la ciudadanía, son muchos de esos mismos ciudadanos quienes las han adoptado como parte del normal desarrollo del proceso electoral en las regiones. El miedo a la denuncia se refiere a que los ciudadanos experimentan temor a denunciar la existencia o comisión de las irregularidades de las que tienen conocimiento, dada las consecuencias negativas que esta acción puede implicar para el normal desarrollo de su vida cotidiana. La falta de conocimiento respecto al procedimiento de denuncia se refiere a que la ciudadanía no conoce de manera clara ante cuáles organismos puede acudir para informar de las irregularidades electorales de los que son testigos en sus regiones, y en caso de saberlo, en ocasiones se encuentran frente a un trámite complicado que desestimula toda intención de instaurar una denuncia. Estas y otras razones, con el tiempo disminuyeron la capacidad de la institucionalidad para hacerle frente a la cada vez creciente injerencia de la criminalidad electoral, lo que se tradujo en que los resultados en esta materia fueran deficientes y se creara la percepción de que contra esta categoría de modalidad delictiva no se estaba tomando las medidas necesarias para prevenir y sancionar estas conductas.