Propuesta de un Modelo Participativo de Gobernanza del Agua para Guatemala

La falta de un marco normativo nacional que regule la distribución, uso y conservación del agua ha generado conflictos asociados al agua, como la escasez, contaminación y propiedad. La institucionalidad relacionada con el agua en Guatemala es compleja y dispersa, con varias instituciones públicas y entidades que desarrollan actividades y normas para la administración, uso, goce y aprovechamiento del recurso agua, sin una coordinación efectiva entre ellas. La Constitución Política de la República establece que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, pero no existe una ley específica que regule el uso, goce y aprovechamiento del agua. La falta de un cuerpo legal que agrupe los principios rectores de la legislación hídrica nacional ha producido un desorden administrativo e institucional que no permite congruencia y claridad en cuanto a las funciones relacionadas con el agua en el país. Desde mediados del siglo pasado se viene discutiendo la necesidad de una política y una normativa para la definición de derechos y obligaciones sobre el recurso hídrico, así como la discusión de funciones y atribuciones dentro de las instituciones públicas respecto al manejo, distribución, uso y disfrute del agua. La Comisión Nacional de Riego, creada en 1957, fue el primer intento de regular el uso agrícola del agua en Guatemala. Sin embargo, desde entonces se han presentado varias iniciativas de ley para normar el recurso hídrico, ninguna de las cuales ha sido aprobada por el Pleno del Congreso. La falta de un marco normativo nacional ha generado un desorden administrativo e institucional que afecta la gestión del agua en el país. La gestión del agua en Guatemala requiere una política y una normativa que definan derechos y obligaciones sobre el recurso hídrico, así como la discusión de funciones y atribuciones dentro de las instituciones públicas respecto al manejo, distribución, uso y disfrute del agua. La creación de un marco normativo nacional que regule la distribución, uso y conservación del agua es fundamental para abordar los desafíos que enfrenta la gestión del agua en el país. La institucionalidad relacionada con el agua en Guatemala debe ser reforzada para garantizar la coordinación efectiva entre las instituciones públicas y entidades que desarrollan actividades y normas para la administración, uso, goce y aprovechamiento del recurso agua. La creación de un organismo rector del agua que coordine las políticas y acciones de las instituciones públicas y entidades relacionadas con el agua es fundamental para abordar los desafíos que enfrenta la gestión del agua en el país. La gestión del agua en Guatemala requiere una política y una normativa que priorice la conservación y el uso sostenible del recurso hídrico. La creación de un marco normativo nacional que regule la distribución, uso y conservación del agua es fundamental para abordar los desafíos que enfrenta la gestión del agua en el país y garantizar un futuro sostenible para las generaciones futuras.