Protocolo de investigación para el informe sobre la situación de los Derechos Humanos de personas que viven con VIH y las poblaciones en más alto riesgo (PEMAR)

Su abordaje incluye no solo elementos relacionados con el derecho universal a la salud, sino también a la igualdad y a vivir una vida digna. La Declaración política de las Naciones Unidas de 2016 establece una agenda para acelerar los esfuerzos a nivel mundial que permitan poner fin a la epidemia para 2030 y adopta una serie de objetivos y compromisos por parte de los Estados, dirigidos a coordinar la gestión entre la salud, desarrollo, justicia social e igualdad, entre otros. En Guatemala, los servicios de salud pública se caracterizan por su precariedad. Aspectos como la falta de insumos y personal médico, edificios en mal estado y falta de acceso a toda la población son algunos de los principales problemas que enfrenta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), como ente rector en esta materia. Según datos del Banco Mundial, en 2018, el gasto en salud como porcentaje del PIB alcanzó únicamente el 5.71%, ubicándose en el puesto 16 de 19 países evaluados en América Latina, evidenciando la existencia de brechas sustanciales en cuanto a la capacidad con la que el Estado cuenta para atender a la población guatemalteca. De la misma manera, aspectos como educación, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, acceso al trabajo y a la justicia, entre otros, se ven afectados por la misma dinámica de precariedad presupuestaria que define las acciones del Estado Guatemalteco. En este panorama, son las poblaciones más vulnerables las que sufren con mayor crudeza la falta de acceso generalizada a los servicios del Estado, puntualmente las personas que viven con VIH cuentan con espacios limitados de atención, tanto en salud como en los aspectos que han sido mencionados. Guatemala ha ratificado convenios internacionales en materia de VIH/Sida y siguiendo el criterio de convencionalidad, los ha traducido en la creación de leyes, políticas, programas, protocolos de actuación que se dirigen a dar cumplimiento a estos acuerdos nacionales e internacionales. El reto 95-95-95, impulsado por las Naciones Unidas y ratificado por Guatemala, establece el compromiso de desarrollar todas las acciones necesarias para que en 2030: * El 95% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH. * El 95% de las personas que viven con VIH reciban terapia antirretroviral continuada. * El 95% de las personas que reciben terapia antirretroviral tengan supresión viral. El logro de estos objetivos implica una serie de acciones no solamente en el ámbito de la salud, sino en educación, eliminación de todas las formas de estigma y discriminación, igualdad de oportunidades, entre otros, y es precisamente en estos aspectos que se desea ahondar con la presente investigación. El objeto de este estudio es la identificación de los avances en el cumplimiento de los compromisos del Estado de Guatemala hacia las personas que viven con VIH y las PEMAR, y de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad tales como personas de la diversidad sexual, niñez, adolescencia y juventud, personas migrantes, mujeres y personas privadas de libertad. Desde este contexto, la pregunta fundamental a investigar es la siguiente: ¿Cuál es el estado de avance en materia de salud, educación, acceso al trabajo, acceso a justicia y eliminación del estigma y discriminación que presenta el Estado de Guatemala para dar cumplimiento a sus compromisos dirigidos a la atención de personas que viven con VIH/Sida? Desde esta pregunta general, devienen algunas cuestionantes alternas tales como: ¿Cuál es la respuesta del Estado para atender a las personas que viven con VIH con énfasis en poblaciones priorizadas: personas de la diversidad sexual, niñez, adolescencia y juventud, mujer, personas migrantes y personas privadas de libertad? ¿Cuáles son las brechas que se identifican respecto al cumplimiento de los compromisos del Estado en esta materia? ¿Qué recomendaciones deben hacerse al Estado de Guatemala frente a la atención oportuna a personas que viven con VIH y PEMAR? La identificación de las brechas respecto