Sustentabilidad y equidad: reflexiones en torno a la agenda latinoamericana post 2015

El concepto de desarrollo sostenible ha sido parte de la agenda internacional y objeto de un amplio debate desde hace ya un par de décadas. Sin embargo, lo novedoso es la incorporación de la sustentabilidad de los ecosistemas y su articulación con la agenda social y económica como parte integral de las metas de desarrollo. La definición de desarrollo sostenible de la Comisión Bruntland, que alude a "asegurar la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades", ha sido criticada por su ambigüedad. Sin embargo, también es cierto que sentó las bases de la discusión en torno a las metas y mecanismos para alcanzar el desarrollo sostenible. En particular, la definición orienta normativamente las acciones en términos de justicia intergeneracional, al subrayar que, en relación a su propia base demográfica, cada generación debe dejar a su sucesora un nivel de bienestar (humano, social, natural) tan amplio como el recibido de sus antecesores. La discusión en torno a la sustentabilidad y la equidad es particularmente relevante en América Latina, donde la marcada desigualdad que caracteriza a la región parece requerir la supeditación de la sustentabilidad ambiental al logro de la equidad. Sin embargo, la incorporación de la sustentabilidad de los ecosistemas y su articulación con la agenda social y económica como parte integral de las metas de desarrollo puede permitir encontrar nuevas formas de responder a las necesidades de provisión generadas por una dinámica demográfica cambiante. La dinámica demográfica y los cambios en las normas, valores y comportamientos que la acompañan revelan transformaciones en la relación sociedad-naturaleza, es decir, en las "estructuras y prácticas histórica y culturalmente específicas, a través de las cuales los individuos y las sociedades regulan su relación con la naturaleza, tanto en términos de los aspectos materiales y energéticos como en relación a los aspectos simbólicos y culturales". Dichas formas de regulación reflejan, por una parte, concepciones, desigualdades y estilos de vida y, por la otra, buscan resolver el problema de la provisión bajo constreñimientos ecológicos en un contexto económico y sociodemográfico determinado. La discusión en torno a la sustentabilidad y la equidad también tiene implicaciones para las metas de desarrollo post 2015. Los nuevos programas de acción pueden orientarse a modificar las estructuras y prácticas de mediación entre población y medio ambiente. Así, los indicadores propuestos deben permitir dar seguimiento a las transformaciones en los sistemas de provisión, para que den cuenta de la dinámica demográfica y la atiendan considerando la viabilidad de los sistemas de vida. Ello supone diseñar metas e indicadores considerando tres elementos: a) direccionalidad y cabalidad, en tanto coadyuven a transitar a sistemas de provisión sustentable, b) transversalidad e integralidad entre objetivos y dimensiones, y c) operacionalidad en cuanto a su implementación y seguimiento. En América Latina, se ha producido un avance importante en torno a las líneas de acción, metas e indicadores de seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que es la expresión regional del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo. Justamente se aprobó en la Ciudad de México, en octubre de 2015, la Guía Operacional para la implementación y el seguimiento de este Consenso, que es un instrumento voluntario para los gobiernos nacionales de la región. Por otra parte, también ha tenido lugar la discusión de los ODS, impulsados por las Naciones Unidas tras el cumplimiento de plazo fijado para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y que fueron aprobados en septiembre de 2015, pero cuyos indicadores de seguimiento están todavía en discusión. Una buena parte de la agenda