Ajuste de incentivos fiscales y monetarios (IFM) con impacto en la biodiversidad amazónica de Colombia y Perú: Una propuesta hacia la producción sostenible

La región cuenta con una gran diversidad de ecosistemas y una riqueza en biodiversidad, pero también enfrenta la presión de actividades económicas que amenazan la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Los incentivos fiscales y monetarios (IFM) son un factor importante en este contexto, ya que pueden generar estímulos desfavorables para la conservación. Los IFM se han establecido como parte de las políticas públicas sectoriales, pero en muchos casos, no han sido diseñados con criterios ambientales que permitan evitar sus impactos negativos sobre los recursos naturales. La identificación, mejora o diseño de nuevos IFM es una tarea urgente debido a las repercusiones e impactos que tienen sobre las estrategias de conservación en la Amazonía Andina. La Unidad de Apoyo de la Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (ICAA) consideró relevante contribuir a que los gobiernos de la Amazonía Andina cuenten con información que les permita tomar decisiones encaminadas a eliminar o reorientar algunos IFM para promover actividades sostenibles, así como también diseñar nuevos IFM favorables para la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica. La región amazónica representa cerca del 54% del total de los bosques tropicales existentes en el mundo y contiene una gran diversidad de ecosistemas y una riqueza en biodiversidad. La Amazonía peruana ocupa aproximadamente el 62% del territorio peruano y se estima que contiene 14.712 especies de animales, mientras que la Amazonía colombiana ocupa el 40% del territorio nacional y contiene gran parte de la riqueza del país en biodiversidad, paisaje y diversidad cultural. Los servicios ecosistémicos que brindan estas áreas geográficas contribuyen a la economía nacional a través del desarrollo de actividades agrícolas, mineras y turísticas principalmente, que de no integrar decididamente aspectos de carácter ambiental en su ejecución, continuarán generando presiones significativas sobre la conservación de estos recursos. Un incentivo fiscal y monetario (IFM) podría definirse como “aquel instrumento que en el marco de una política pública, genera un beneficio o un costo financiero a un agente privado, con el fin de promover o desincentivar prácticas económicas, que generan impactos sobre los recursos naturales”. Estos incentivos se desarrollan en función de ciertos objetivos de política, los cuales pueden ser en algunos casos de carácter ambiental, aunque en la mayoría de los casos se relacionan solamente con objetivos sectoriales asociados a la productividad, competitividad y generación de empleo en varios sectores económicos. En términos generales, estos incentivos pueden adoptar formas de impuestos, tasas, subsidios, exoneraciones, entre otros, y pueden ser aplicados, ya sea buscando medidas de conservación específicas sobre el medio ambiente (inversiones ambientales en conservación de bosques por ejemplo), o también a través del mejoramiento de procesos productivos o mejores prácticas sectoriales (directamente asociados a actividades productivas). La importancia de los incentivos, radica entonces en su capacidad para enviar señales que motiven a productores o consumidores a cambiar sus decisiones. En el caso de los IFMs del sector ambiental, diseñados específicamente para la conservación o recuperación de los ecosistemas, se requiere analizar si están siendo efectivos para lograr los objetivos para los que fueron diseñados. Mas que escasos, se podría afirmar que en la región su aplicación no es articulada entre instituciones o sectores, razón por la cual su efectividad no es conocida. En el caso de los IFMs de otros sectores, además de su efectividad, también se necesita analizar si están teniendo o no impactos negativos sobre los recursos naturales. La identificación, mejora o diseño de nuevos IFM es una tarea urgente debido a las repercusiones e impactos que tienen sobre las estrategias de conservación en la Amazonía Andina. Se considera relevante la construcción de una visión regional conjunta, que promueva la articulación entre sectores, instituciones y actores sociales, facilitando el diseño y ajuste articulado de los incentivos fiscales y monetarios, para que contribuyan a los objetivos